Insolvencia en personas naturales (1)

Alejandro Morales Tobón | Medellín | Publicado el 27 de febrero de 2010

Con el número 1380 del 25 de enero del este año, se promulgó la ley que busca ayudar a las personas naturales no comerciantes que se encuentren en situación de imposibilidad de atender a sus obligaciones financieras.
La ley pretende crear mecanismos que sirvan para lograr que una persona natural no comerciante, pueda renegociar acuerdos de pago con sus acreedores, en el marco de la buena fe de ambas partes; esto es, deudor y acreedores. Surge acá la primera dificultad, consistente en determinar quién es comerciante. El ama de casa que promueve productos por catálogo, podría ser catalogada como comerciante, si bien no cumple con los formalismos como llevar contabilidad.

La única excepción para esta norma la constituyen los procesos por alimentos, los cuales no serán objeto de la Ley de Insolvencia. A pesar de lo anterior, las obligaciones alimentarias y los procesos ejecutivos de alimentos son considerados dentro del proceso, en la medida que éstos tienen las prelaciones de ley.

Para el resto de las deudas, el deudor que se encuentre en cesación de pagos, de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de noventa (90) días, o cursen en su contra una o más demandas de ejecución o de jurisdicción coactiva exigiendo el pago de alguna de sus obligaciones, cuando su valor represente no menos del 50% del pasivo total a su cargo, a la fecha de los estados financieros de la solicitud, podrá invocar esta especie de protección legal. Deberá eso sí surtir una serie de requisitos, entre los cuales se cuenta hacer una relación completa de las deudas, con indicación de los acreedores y elevar la solicitud ante la autoridad competente, que puede ser un notario público, o los centros de conciliación, a elección del deudor. Cualquier falsedad en la información suministrada hará merecedor a quien la aporte, certifique o tolere, de pena privativa de la libertad de uno a seis años.

Es de anotar que la Ley desconoce para el cómputo del derecho de voto y para establecer el porcentaje antes descrito, una serie de créditos y acreedores, tales como aquellos contraídos con el cónyuge, parientes en los grados de filiación indicados por la ley, o con sociedades controladas por éstos. Si bien se entiende el espíritu del legislador al precaver eventuales fraudes en la inclusión de pasivos con este tipo de vinculados, también es cierto que en nuestro medio el apoyo familiar sigue ocupando un lugar destacado como fuente de financiación, a la cual se le ven desmejorados sus derechos como acreedor.

De otra parte, es importante resaltar que las diferencias que surjan con ocasión del trámite son de conocimiento de los jueces en única instancia, salvo contadas excepciones, con independencia de la cuantía de las obligaciones sometidas al trámite de insolvencia.

(El tema seguirá en la próxima columna, el 13 de marzo).

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/insolvencia_en_personas_naturales_(1)/insolvencia_en_personas_naturales_(1).asp?CodSeccion=186

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