Insolvencia en personas naturales (2)


Una vez notificados los acreedores, entre ellos el Estado y las empresas de servicios públicos domiciliarios, se seguirán los trámites de estructurar una propuesta de pago, la cual debe presentar el deudor. Durante este tiempo dejan de generarse intereses de mora, e incluso las empresas de servicios públicos que hayan cortado los servicios al deudor deberán reinstalar estos, so pena de ser responsables de los perjuicios derivados de no hacerlo.

Dentro del proceso, el conciliador ordenará el peritaje de los bienes del deudor y verificará si éste vendió, trasladó o gravó de alguna manera otros bienes diferentes a los ofrecidos. De otra parte, el deudor queda expuesto a investigación por los seis meses anteriores a la fecha de la solicitud, en relación con transacciones que puedan ser objeto de anulación, así como de la revisión de los términos de la liquidación de la
sociedad conyugal, cuando la misma se haya surtido dentro de los dos años anteriores a la solicitud.

De ser comprobadas irregularidades en relación con lo anterior, se perderá el beneficio de la insolvencia y se notificará a las partes para que continúen con los procesos interrumpidos. Lo mismo ocurre si se detecta la utilización de documentos falsos, o se certifican estados financieros que contengan inexactitudes o información engañosa o errónea. La declaratoria de insolvencia impacta en los deudores solidarios, garantes o codeudores del solicitante, contra quienes los acreedores podrán ejercer las acciones civiles correspondientes en los términos y con las limitaciones que indica la ley. Los acreedores podrán iniciar procesos de embargo de bienes de los garantes, pero no podrán proceder a su remate, mientras dure el estado de insolvencia del deudor. Ello puede traer grandes perjuicios para los deudores solidarios, ya que sus bienes podrían permanecer en situación de embargo durante un tiempo largo, hasta tanto se terminen de pagar las acreencias renegociadas por el deudor principal.

Durante el proceso, tanto las partes como el conciliador podrán proponer fórmulas, modificaciones y estrategias de pago, siempre con el ánimo de llegar a un acuerdo que beneficie y convenga a todos. De ser ello posible, se producirán los documentos respectivos de adjudicación de bienes, fijación de nuevos plazos, rebaja o condonación de intereses o capital y en general todas aquellas gestiones tendientes a procurar el éxito del proceso. Si, por el contrario, no se llega a ningún acuerdo, el conciliador elaborará el documento respectivo, notificando de ello a todas las partes interesadas, a fin de dar por terminado el intento y posibilitar la reanudación o inicio de los procesos judiciales del caso.

Este beneficio solo puede ser utilizado cada seis años por una misma persona, a condición de que si en el pasado ya fue objeto de refinanciación de sus deudas, haya cumplido completamente con los acuerdos de pago. De no ser así, no tendría derecho de aplicar de nuevo.

Uno de los aspectos que resulta sorprendente en esta norma es que el legislador parece haberle puesto límite al intento de fraude, al establecer que si se producen maniobras de ocultamiento de bienes por encima del 10% del total de los activos del deudor, se producirá la nulidad de todo el proceso. ¿Quiere ello decir que un 10% de fraude sí es aceptable?

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/insolvencia_para_personas_naturales_(2)

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