En $535.600 fue ajustado el nuevo salario mínimo

Por: Carlos Fernando Álvarez
calvarez@larepublica.com.co

Bogotá. Luego de cuatro días de consultas el Gobierno Nacional decidió reajustar el salario mínimo que devengan 3 millones de colombianos de 3,4% a 4%, por lo que quedará en $535.600, tras un incremento de $20.600.

El anuncio lo hizo el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en la Casa de Nariño, al término de un encuentro con el Presidente de la República, Juan Manuel Santos y altos funcionarios del Ejecutivo para concretar el ajuste.

El jefe de la cartera de Hacienda dijo que este reajuste, tendrá vigencia desde el primero de enero.

Igualmente señaló que el subsidio de transporte no se modificará, por lo que se mantendrá en $63.600, como se fijó inicialmente el 30 de diciembre del año pasado.

La modificación del aumento del porcentaje del salario mínimo, que se había fijado en $532.500, equivalente a un incremento de 3,4%, se produjo luego de que el Dane publicó el 5 de enero el dato de inflación en 2010, el cual se ubicó en 3,17%.

Cambios en mesa de concertación
La Comisión de Concertación Laboral y Salarial debe ser sometida a una cirugía profunda, que aplique cambios en su conformación, representatividad y alcances, como el de concertar el salario mínimo que reciben 3 millones de colombianos.

Así lo indicaron analistas consultados por LR, a propósito del fracaso de la última comisión reunida en diciembre para fijar el mínimo, fijado por decreto en 3,4%, y que el Gobierno anunció su revisión al alza.

Los empresarios aún no saben si pagar la primera nómina del año con el nuevo reajuste, que aún no se decreta, o limitarse a lo definido con el 3,4%, es decir $532.500, para el mes, o $266.250, para la quincena, y sin descuentos.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, la primera quincena se pagará con el decreto vigente, y una vez se expida el nuevo, aspiran a cancelar con retroactivo a final de mes.

Andrés Arango, presidente de la constructora Ospinas, dijo que el aumento posible a 4% “es un esfuerzo mayor para la compañía”. “Eso implicará obtener un ingreso mayor que permita reconocerlo. Se hace contra mayor productividad. Toca ser muy creativos en los esquemas de compensación de cómo la empresa hace este ajuste”, declaró.

No obstante, dijo que su compañía paga mensualmente, así que espera el nuevo decreto del Gobierno para tomar las medidas correspondientes del caso.

Y es que la debilidad de este organismo tripartita, integrado por sindicatos, empresarios y Gobierno queda en evidencia, con tan sólo dos concertaciones en los últimos 10 años. La última fue en diciembre de 2003. El primer cambio sensible propuesto es en su representatividad, por cuanto no defiende los intereses del grueso del mercado laboral colombiano.

A esta conclusión llegó el experto en temas laborales y profesor de economía de la Universidad del Rosario, Juan Carlos Guataquí.

“La tasa de sindicalización en Colombia es del 4%, es decir 4 de cada 100 trabajadores formales pertenecen a sindicatos. Eso indica que el resto no lo están y son los “cuentapropias”. Esa fuerza laboral no tiene representatividad, ni asiento en la comisión”, dijo.

El segundo cambio operaría en la inclusión, con voz, pero sin voto, del Banco de la República, porque sería inconstitucional.

Para Guataquí es clave que quien tiene una voz autorizada para hablar y establecer las metas de inflación en el país, como el banco emisor, tenga asiento en la Comisión.

Ricardo Bonilla, investigador del CID, de la Universidad Nacional indicó que el anuncio presidencial se quedó corto y debió ser de 4,5%. Pero además, pidió que la comisión tuviese reuniones más permanentes y una agenda anual. “Se necesita que el Gobierno participe de verdad, porque pasa por allí como si fuera un árbitro que actúa sobre las diferencias de los empresarios y los trabajadores, y no ejerce un papel efectivo.

El cuarto cambio radicaría en discutir a fondo y modificar el modelo de desarrollo. Para el presidente de la Confederación General de Trabajadores, CGT, Julio Roberto Gómez, la discusión en la comisión no debe centrarse únicamente en el porcentaje de un salario, sino buscar las formas y medidas que generen un verdadero desarrollo nacional, como con la generación de empleo, industria, apoyo a sectores innovadores, aspectos que nunca se tocan por estar enfrascados en definir el alza salarial.

El quinto cambio debe partir de un estudio técnico que hay que hacer en el país, y que no existe, acerca de si el salario mínimo es inflacionario o no, y si su alza elevada produce distorsiones en las metas de IPC, como se esgrime, por parte del Gobierno, de analistas y de empresarios en la mesa de concertación. Saúl Pineda, director del Centro de Competitividad de la Universidad del Rosario, dijo que el alza del Gobierno tiene tres efectos: reconocimiento de pérdida de capacidad adquisitiva; no afectará las metas de inflación de este año, y no tendría porqué estimular informalidad de la economía.

Una comisión con poco consenso
La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales nació con la ley 278 de 1996. Su función es “fijar de manera concertada el salario mínimo mensual de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y su familia”. Esta condición fue ratificada por sentencias de la Corte Constitucional, que considera al mínimo como un ingreso “vital y móvil”. Cuando no es posible lograr un consenso entre las partes, el Gobierno determina el ingreso, teniendo en cuenta la inflación fijada por el Banco de la República, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el aumento en el IPC del presente año.

Las opiniones
César Caballero
Ex director del Dane
“Creo que el reajuste es razonable y era previsible una mayor tasa de inflación. Eso es una mejora pequeña, pero una mejora en los ingresos reales de los empleados”.

Ricardo Bonilla
Investigador del CID Universidad Nacional
“Es una medida inoportuna y que deja un muy mal sabor en términos de la estabilidad macroeconómica del país. Puede ser muy justa, pero se quedó corta”.

Julio Roberto Gómez
presidente de la cGT
“El incremento del salario mínimo legal es insuficiente, sea el 4%, o el 8%, o el 20%. La canasta básica cuesta $1.200.000. Se debe construir una política salarial vital”.
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